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Informe de Coyuntura Nº 25 | OCTUBRE DE 2017

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Es indiscutible que la economía argentina experimentó una reactivación durante 2017 que se constata tanto en el leve crecimiento del PIB en el primer semestre de 2017 (1,6%) como en la aceleración del nivel de actividad en julio y agosto (superior al 4% interanual). Sin embargo, tal reactivación implica que el PIB apenas alcanza el nivel de 2015 y se apoya en sustentos débiles en la medida en que no parecen concordar con las prioridades de la política económica. De allí que la perspectiva de continuidad del crecimiento es, al menos, dudosa.

En primer lugar, vale resaltar que si bien la reactivación fue impulsada por los distintos componentes del mercado interno, en términos de su contribución al crecimiento se destaca el papel del consumo privado. Tal incremento se asocia, por un lado, al aumento de los salarios reales de los trabajadores registrados, y, por el otro, a los incrementos del gasto público en matera de jubilaciones, asignaciones familiares y AUH. Se trata de conquistas de los sectores populares cuyos resultados se vieron favorecidos en el marco de la contienda electoral y la postergación del ajuste tarifario de los servicios públicos. Nada asegura su persistencia en el escenario post electoral.

En segundo lugar, respecto a los restantes componentes de la demanda agregada es interesante señalar que el dinamismo de la inversión estuvo en buena medida traccionado por la inversión en equipo de transporte importado, lo cual restringe su efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Asimismo, contrariamente a lo que se viene afirmando, la contribución del gasto público al crecimiento fue contemporánea con un bajo crecimiento de la obra pública en términos reales.

Así, la recuperación del nivel de actividad se sustenta, en lo esencial, en el consumo privado y el papel del Estado en la inversión y el gasto, aspectos que no parecen ser los factores que impulsará la administración Macri tras los favorables resultados electorales. Más bien, sus objetivos de política económica tienden a jerarquizar la estabilización de precios en un contexto de persistencia de altos niveles de inflación, cuya reducción se enfrenta con rigideces estructurales que no están asociadas a fenómenos monetarios. Ello supone, desde la óptica oficial, sostener el programa monetario, la reducción del gasto público y la restructuración regresiva del ingreso, poniendo en tensión la perspectiva de sostenibilidad de la recuperación del nivel de actividad.

Desde el punto de vista de la composición sectorial de la reactivación cabe apuntar que la expansión estuvo vinculada al desempeño positivo de la construcción, el sector agropecuario y el sector servicios (excluyendo las actividades comerciales). En cambio, el comercio y la industria estuvieron prácticamente estancados en 2017, en tanto que minas y canteras tuvo una fuerte caída donde se destaca la disminución de la producción de hidrocarburos. Así, se constata un nuevo perfil productivo signado por el achicamiento de la industria.

Los débiles fundamentos de la reactivación emergen también al considerar el escenario externo y fiscal. Es decir, que a pesar del fuerte endeudamiento externo del gobierno nacional -que en dólares constantes fue el más alto del período 1976-2015 al alcanzar casi USD 39.000 millones en 2016 y USD 14.500 millones en el primer semestre de 2017- no se resuelven sino que, por el contrario, se agravan las brechas externa y fiscal.

Bajo estas circunstancias es evidente que continúan las pugnas internas en el gobierno en torno a la implementación de un enfoque más o menos gradualista en el despliegue del ajuste y de las reformas laboral, jubilatoria y fiscal. Si bien se trata de un debate interno respecto de la profundidad de las medidas, su denominador común es la implementación de un ajuste que no resolverá los desequilibrios fiscales ni la dependencia del endeudamiento, aunque sí va a poner en tensión los factores que actuaron como vía inductora de la reactivación del nivel de actividad.


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