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Informe de Coyuntura N° 27 | JUNIO DE 2018

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La crisis cambiaria y el pedido de salvataje financiero al FMI, que dominaron la coyuntura económica en el último mes, constituyen un punto de inflexión para el gobierno de Macri y para la economía argentina. Se asiste a un cambio de estrategia en la política económica con resultados inciertos dados los límites que imponen las relaciones de fuerza sociales.

Este cambio decreta el fin del “gradualismo” y el inicio de una nueva etapa dominada por el intento de imponer un ajuste (fiscal y monetario) mayor y una reducción de los salarios reales como consecuencia de la devaluación. El recurso del FMI es una sobreactuación del gobierno destinada no sólo a generar un nuevo ingreso de divisas que sostenga el modelo sino también a imponer el ajuste como una obligación externa. Se abre así una fase recesiva, impulsada por el menor consumo y gasto público, cuyo grado de profundidad depende de múltiples factores pero que ningún componente de la demanda agregada parece poder revertir.

Entre las causas que convergieron en la corrida cambiaria, cuyos costos alcanzaron una magnitud que nadie pudo anticipar, se encuentran factores exógenos (la esperable suba de la tasa de interés en Estados Unidos) y endógenos, los cuales fueron resultado de las características del modelo de valorización financiera que instauró el gobierno de Cambiemos y las inconsistencias del programa económico en sus propios términos.

En efecto, en los primeros dos años del gobierno de Macri se generó una burbuja financiera sobre la base de las altas tasas de interés de las Lebac respecto a la variación del tipo de cambio, lo cual garantizaba altos rendimientos en dólares, en un escenario de liberalización del mercado de cambios y del financiero. El intento del gobierno de reducir la tasa de interés a principios de este año -con el objeto de priorizar algo de crecimiento económico por sobre el descenso de la inflación- acarreó una mayor presión sobre el dólar en un contexto de acentuados desequilibrios de las cuentas externas, situación que se agravó dadas las circunstancias internacionales. Las causas externas se montaron sobre las espaldas de las internas y rasguñaron la burbuja financiera cuya supervivencia se pretende alcanzar no solo con la suba de las tasas de interés sino con la vuelta al FMI.  

La especulación financiera y sus resultados se desenvolvieron en un escenario en el que se agravaron los desequilibrios macroeconómicos. Por un lado, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos trepó al 4,8% del PIB en 2017, casi el doble que en 2015. El déficit comercial alcanzó USD 8.400 millones en 2017 y en el primer cuatrimestre de este año lleva USD 3.432 millones, con perspectivas poco favorables en el marco de la sequía que podría involucrar una reducción de la producción de cereales y oleaginosas de USD 7.500 millones. Por otro lado, el peso de la deuda externa pública sobre el PIB creció aceleradamente: desde el 15,8% en 2015, puede esperarse que supere el 35% en este año, nivel superior al 2001.

Tras los altos costos que generó la corrida cambiaria, es más que discutible el argumento que quiere imponer el gobierno acerca de la necesidad de recurrir al FMI por el exceso del gasto público que heredó del kirchnerismo. Bajo el gobierno de Macri se incrementó el déficit fiscal, tanto el financiero (que incluye los intereses de la deuda) como el primario. Una de las medidas de mayor impacto en este sentido fue la reducción de las retenciones a las exportaciones: en 2017 se recaudó el equivalente a USD 4.200 millones menos que en 2015 por este concepto en un contexto de estancamiento de las exportaciones. A su vez, los intereses de la deuda  aumentaron USD 5.000 millones. Ambos más que compensan el ajuste en los subsidios económicos (equivalente a USD 8.000 millones).

Es esperable que la devaluación con la consiguiente aceleración de la inflación (que difícilmente se ubique por debajo del 30%) y la decisión de avanzar en una profundización del ajuste acarreen un aumento de la conflictividad social en un escenario en el que el gobierno se encuentra debilitado políticamente. Numerosos gremios cerraron paritarias con aumentos nominales del 15% (algunos con puntos adicionales de incremento menos explícitos), y ya en los primeros meses de 2018 se advierten caídas en el poder adquisitivo de los salarios promedio, así como del salario mínimo, la jubilación, las asignaciones familiares y la AUH. Con la nueva aceleración inflacionaria el salario real alcanzaría una pérdida significativa a menos que los trabajadores logren imponer la reapertura de las negociaciones paritarias. Además, la decisión del gobierno de realizar un mayor ajuste fiscal, que ya venía profundizándose en los primeros meses del año con un recorte real de gastos del 6,6%, agregará presiones sobre los salarios reales y la planta de los empleados públicos.


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