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Informe de Coyuntura Nº 28 | AGOSTO DE 2018

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Los convulsionados acontecimientos recientes en el mercado de cambios no hacen otra cosa que confirmar la escasa sustentabilidad del programa económico, cuya gravedad es de tal magnitud que preanuncia una crisis de proporciones significativas. Incluso el préstamo del FMI aparece como insuficiente para cubrir las necesidades de divisas derivadas de una restricción externa que el gobierno de Cambiemos recrudeció a partir de los abultados vencimientos de la deuda externa y la acelerada fuga de capitales al exterior.

Al respecto, cabe señalar que solo por vencimientos de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera restan pagar USD 23.259 millones en el último cuatrimestre de 2018. Si se parte de los supuestos -muy optimistas  de que la fuga de capitales aminore y se mantenga en el registro promedio de la gestión macrista (USD 1.692 millones mensuales) y la balanza comercial y de servicios se equilibre por efecto de la devaluación y la recesión, se requeriría financiar USD 30.246 millones para lo que queda del año. El FMI aportaría aproximadamente USD 13.000 millones en el mejor de los casos pero aún así, restaría obtener o refinanciar algo más de USD 17.000 en 2018, de los cuales una parte es intra sector público y fácilmente refinanciable pero otra no. Así, esta suma no resulta nada desdeñable si se tiene en cuenta que es una hipótesis de mínima, que los capitales privados no tienen pretensión de financiar a la Argentina y que la sangría de reservas desde el inicio de la corrida cambiaria en abril asciende a casi USD 22.000 millones. 

Si se hace el mismo ejercicio para 2019, las necesidades de divisas ascienden a USD 50.915 millones, de los cuales el FMI sólo cubriría, en el mejor de los casos, USD 11.640 millones. La estrategia del gobierno de disminuir el stock de Lebac (deuda del BCRA en pesos a corto plazo) emitiendo Letes (deuda del Tesoro en dólares a un plazo de 6 meses o un año) no hace más que agravar el problema, que se acumula aceleradamente en 2019. Es en este marco que se inscribe el hecho de que el gobierno ya tenga en cartera la posibilidad de solicitar un préstamo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual implicaría la consolidación de la hegemonía del capital financiero internacional en la economía argentina.
Bajo estas circunstancias, en la economía real se advierten los signos de la recesión, con un ritmo de contracción más acelerado y profundo que en 2016. El nivel de actividad económica se redujo 5,2% interanual en mayo y 6,7% en junio. Para encontrar caídas superiores es necesario remontarse a julio de 2009 cuando la Argentina sufrió el impacto de la crisis mundial.

Si bien la recesión es indiscutible, es tema de debate la duración de la crisis. Tanto el gobierno como el FMI, cuyos diagnósticos son similares, plantean que la devaluación será expansiva por el aumento de la competitividad de las exportaciones. Además tienden a subestimar el sobre ajuste que se produce en el consumo (según el último informe del FMI se espera una reducción significativa del consumo público (-2,2%) pero una caída en el consumo privado de sólo el 0,6%). La experiencia histórica de la economía argentina demuestra, sin embargo, que es escasa o nula la capacidad de respuesta de las exportaciones a la suba del tipo de cambio y que la inflación cambiaria erosiona significativamente el salario real, lo cual extiende y agrava los períodos recesivos que se derivan de políticas de esta naturaleza. 

Las evidencias disponibles son contundentes como para afirmar que el ajuste en el gasto público empezó antes del acuerdo con el FMI y en líneas similares a lo estipulado en el acuerdo. Así, desde el inicio de 2018 se puso en marcha un programa considerablemente más severo de ajuste fiscal que en los dos años previos. La reducción de los gastos primarios en el primer semestre alcanzó el 5,7% en términos reales, casi triplicando su ritmo de caída respecto de 2016 y 2017. Los recortes en el gasto afectan especialmente a la obra pública, las transferencias a provincias, los subsidios económicos y los salarios del sector público.

La tasa de interés, por su parte, está siendo utilizada infructuosamente para detener la salida de capitales. Es de esperar que en el marco recesivo las altas tasas solo contribuyan a profundizar el freno de la actividad productiva y eventualmente retrasar cualquier posibilidad de recuperación.

Como resultado de la recesión el número de trabajadores registrados tuvo reducciones en abril y mayo: hubo en mayo 30.900 trabajadores registrados menos que en diciembre de 2017. En un contexto de caída en el nivel de actividad, resulta sintomático que todas las modalidades ocupacionales se hayan reducido. Por su parte, el salario real promedio registrado del sector privado es 5,7% inferior al de noviembre de 2015, antes de la asunción del nuevo gobierno, y la reducción alcanza el 11,9% para el sector público. Es esperable que en los próximos meses se registre una profundización tanto de la caída del empleo como de la del salario real en el marco de la aceleración inflacionaria y del techo puesto sobre las paritarias. En 2018 también están teniendo caídas significativas el salario mínimo y la jubilación mínima. Los menores ingresos reales no van a hacer otra cosa que retroalimentar la situación de crisis.



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