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Informe de coyuntura N° 34 | DICIEMBRE DE 2020

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La economía argentina, así como la del resto del mundo, atraviesa una crisis de una profundidad inédita que está en pleno desarrollo. Prueba de ello es que en los primeros tres trimestres de 2020 el PIB cayó 11,8% respecto a igual período del año anterior y la pérdida de empleo alcanzó a 2,2 millones de personas en el tercer trimestre del año. Sin embargo, lo que resulta imprescindible tener en cuenta en el balance económico del primer año del nuevo gobierno son dos particularidades que tiene la Argentina para enfrentar la pandemia actual.

La primera es una clara desventaja como resultado de la verdadera “pesada herencia” que se recibió del gobierno de Cambiemos, es decir, una crisis económica significativa que se inició en 2018, con desequilibrios en la balanza de divisas y restricciones presupuestarias derivadas del monumental endeudamiento externo que incubó el gobierno anterior, con un régimen de alta inflación luego de las sucesivas devaluaciones, y con un cuadro social signado por la reducción del empleo, salarios deprimidos, incremento en la pobreza e indigencia, entre otras cuestiones.

La segunda no obedece a una desventaja sino a lo contrario, aunque con especificidades que deben ser consideradas. Se trata de la naturaleza política del Frente de Todos, la coalición de gobierno que dio por terminada la segunda experiencia de la valorización financiera que implementó la alianza Cambiemos bajo la conducción económica del capital financiero internacional (2016-2019). Al respecto, es insoslayable mencionar que el Frente de Todos no es un retorno del kirchnerismo que terminó su mandato en 2015, sino una alianza de sectores nacionales no sólo diferentes sino que incluso algunos de ellos con intereses contrapuestos. En efecto, a partir del acuerdo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner convergieron allí no sólo las representaciones de la clase trabajadora y los pequeños y medianos empresarios (es decir, el denominado “campo popular”) sino también la de los grupos económicos locales que forman parte de los sectores dominantes.

Pues bien, la profundización de la crisis que produjo la pandemia aceleró las contradicciones al interior del Frente de Todos, como lo demostraron tanto las presiones devaluatorias como diversas políticas que en las apariencias expresan posiciones dubitativas de la política económica pero que en realidad guardan correspondencia con las contradicciones insalvables de su naturaleza política. Tal el caso de la renegociación con quita de la deuda con el sector privado, la sanción del aporte extraordinario a las grandes fortunas, la declaración como servicio público a las telecomunicaciones y la nueva ley de movilidad jubilatoria que contrastan con la frustrada expropiación de Vicentín, la errática política del Banco Central en el manejo de las reservas y la brecha cambiaria y la moderación del sector público para la fijación de los salarios estatales y para impulsar en general la recuperación salarial como lo demuestra, por caso, el incremento de 28% del salario mínimo, vital y móvil.

Bajo este marco analítico es que en este informe se analiza el impacto de ambas pandemias en el nivel de actividad económica, cuya contracción inédita estuvo explicada por los componentes que deben impulsarse para sostener la reactivación económica y una necesaria redistribución del ingreso (el consumo privado y la inversión). Al mismo tiempo estuvo atenuada por el papel del gasto público para enfrentarla, que no denota el ajuste consumado que plantean diversos sectores ni es lo suficientemente expansiva en relación al colapso económico y social. Posteriormente se examina la evolución de los precios que exhiben una significativa desaceleración respecto a los niveles de fin del gobierno anterior, pero que sigue siendo elevada si se considera la abrupta caída de la demanda impulsada por la grave crisis del empleo y los salarios. Por último, se pasa revista a la situación del sector externo, concluyendo que la corrida cambiaria se originó en el vaciamiento que llevó a cabo el sector de oleaginosas y cereales, además de una serie de grandes grupos económicos y conglomerados extranjeros que “precancelaron” sus deudas, en el marco de las omisiones del gobierno para su regulación. Es decir, una fiel expresión de la disputa por la hegemonía en el interior de la coalición de gobierno.


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