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Informe de coyuntura N° 38 | ABRIL DE 2022

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El propósito de este informe es el de arribar a un diagnóstico de las características que asumió la reactivación económica en 2021 así como llevar a cabo una caracterización de la política económica del gobierno. Se trata de la base sobre la que se apoyaron los intensos debates internos en la coalición de gobierno. El conflicto en torno a la actualización de las tarifas de la energía eléctrica que se desató a fines de abril de 2021, la carta de Cristina Fernández Kirchner después de las PASO en septiembre de 2021 cuando denuncia el ajuste económico que condujo a la derrota electoral, y el acuerdo con el FMI en marzo de 2022, constituyeron diversos sucesos acumulativos en los que se manifestó el debate interno en torno a la dirección de una política económica “moderada” que deja una marca indeleble en el deterioro del gobierno ante los sectores populares. 

Al respecto, una primera cuestión a mencionar es que el proceso de reactivación económica tras las dos pandemias (la económica de Macri y la sanitaria), tuvo etapas diferenciadas. Después de la importante reactivación inicial a fines de 2020, el primer semestre de 2021 evidenció una desaceleración del ritmo de crecimiento como consecuencia de los impactos de la segunda ola del Covid y el despliegue de una política económica “moderada”. En el segundo semestre se advierte una nueva aceleración de la actividad económica. 

Uno de los hechos más notables de esta recuperación fue la debilidad que encontró el proceso de recuperación de los salarios reales a pesar de la reducción del desempleo. La caída del salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2,3% en 2021, en tanto que la de los no registrados fue del 7,1%. La perspectiva es negativa si se tiene en cuenta la aceleración del proceso de inflación en febrero y marzo de 2022 (4,7% y 6,7%, respectivamente). Bajo esas circunstancias, se acentúa la tendencia regresiva en términos de la distribución del ingreso que se inició en 2018. La caída en la participación de los asalariados en el ingreso fue del 48,0% al 43,1% entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 51,8%. A la inversa, el excedente apropiado por los empresarios subió del 50,5% al 54,3% del PIB entre 2020 y 2021, cuando en 2017 era de 46,4%. Esto explica que la reactivación económica haya estado empujada por la inversión y, en menor medida, las exportaciones, mientras que el peso del consumo privado se desplomó a un nivel más bajo que el de la gran crisis de 2002 (61,8%). 

Tanto los vaivenes de la actividad como sus características no están disociados de la orientación de la política económica que priorizó la reducción los desequilibrios de las cuentas públicas como punto de partida de la recuperación. Eso se constató en la fuerte reducción del déficit primario en el primer semestre de 2021 (en torno al 1% del PIB) y en un nivel de gasto que, si se excluye el único componente expansivo que fueron los subsidios, fue equivalente al del primer semestre de 2019 (el de mayor ajuste del gobierno anterior). De allí que en informes anteriores se calificó a la política económica del primer semestre de 2021 como “moderada” para revertir los efectos de las dos pandemias. 
Tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner después de la derrota electoral en las PASO de 2021 se registró una modificación de la tendencia del gasto público y, por consiguiente, del déficit fiscal primario. Sin embargo, no se logró modificar la naturaleza de la política económica del gobierno como lo evidencia el acuerdo con el FMI que no es otra cosa que una profundización de la política económica del primer semestre de 2021 ya que involucra el despliegue de un ajuste fiscal y monetario que podrá ser de menor o mayor relevancia de acuerdo a la situación internacional, que por ahora tiende a empeorar los términos del acuerdo. 

Tal es así que en el marco de los actuales precios de la energía el intento de reducir el déficit fiscal en 0,5% del PIB en 2022 por la vía de la reducción de los subsidios energéticos no será posible y es más probable que aumenten por encima del 1,5% del PIB en 2022. Asimismo, la proyección del incremento de los ingresos tributarios en 0,6% del PIB para este año se topa con dos obstáculos: por un lado, en 2021 se registró un incremento similar pero con un crecimiento del 10,3% del PIB que no se va a lograr en 2022, y por el otro, si bien el incremento de los precios internacionales del agro impactan positivamente en la recaudación de los derechos de exportación, los efectos adversos de la sequía anulan esos efectos positivos. En efecto, si las metas fiscales del acuerdo eran de difícil cumplimiento en forma previa al estallido de la guerra sin la implementación de un ajuste fiscal, en la actualidad esas exigencias se agrandan. 

Respecto a la visión que sostiene que las restricciones en la política económica obedecen a los límites en el sector externo por efecto de las escasas reservas líquidas, cabe señalar que en el marco del elevado superávit comercial que se registró durante el gobierno del Frente de Todos (y por el cual ingresaron 25.780 millones de dólares al BCRA) egresaron por la vía de la cancelación de deuda del sector privado 19.762 millones de dólares. Cabe señalar que el 40,7% de la deuda externa privada es deuda “intra grupo económico”. Se trata de una administración cambiaria que es estricta para imponer restricciones al conjunto de la población pero “moderada” frente a los intereses de los sectores dominantes, a tal punto de dilapidar reservas que hubieran permitido arribar en mejores circunstancias al abordaje de la política económica y la negociación con el FMI. 

Esto también se corrobora en el resultado total de la restructuración de la deuda en moneda extranjera (es decir, tras el canje con privados y el FMI) ya que si se considera la deuda hasta 2030 la quita nominal total alcanzada fue de apenas el 11,9% respecto al stock de vencimientos heredado del gobierno anterior (un ahorro de alrededor de 19.600 millones de dólares). Si bien su principal virtud fue el hecho de posponer los fuertes vencimientos de los próximos tres años (2022-2024) a la segunda mitad de la década de los veinte, las imposiciones del programa con el FMI (la necesidad de acumular 15.000 millones de dólares como reservas netas en esos años y los límites al crecimiento económico que surgen no solo del frente externo sino del ajuste monetario y fiscal que involucra) relativizan esas virtudes.


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